La Sociedad Interamericana de Prensa (SPI) presentó hoy las conclusiones de la III Cumbre Mundial Sobre la Desinformación organizada en conjunto con la Fundación para el Periodismo de Bolivia y el Proyecto Desconfío de Argentina, la cual contó con presentaciones detalladas sobre las estrategias de vanguardia para enfrentar la amenaza de los bulos contra el periodismo.
La cumbre se realizó en formato virtual los días 27 y 28 de septiembre y atrajo a más de 2.000 personas inscritas de 52 países.
El director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, en una parte del resumen destacó la «responsabilidad primaria (de los medios de comunicación) de invertir en procesos de educación y alfabetización digital de sus audiencias», tal como lo pide la Declaración de Salta Sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.
A continuación el texto completo de las conclusiones de la III Cumbre Mundial sobre Desinformación:
«Tras escuchar a todos los panelistas y recordar las enseñanzas de las dos primeras cumbres, aprendí que se requiere una postura multidimensional para atacar la desinformación en la que cada grupo, gobiernos, plataformas, fact-checkers, medios de comunicación y audiencias asuman responsabilidades.
La responsabilidad primaria recae en los gobiernos y organismos multilaterales. Pese a que soy contrario a regulaciones y legislaciones en materia de comunicación porque siempre terminan como herramientas de control gubernamental sobre medios, redes sociales o expresión en general, advierto que no se puede controlar la desinformación si no existen políticas públicas inteligentes, eficientes y severas.
Creo que hay modelos legislativos sobre expresión que arrojan enseñanzas positivas para regular en contra de la desinformación. Hay que hacer una salvedad y es que, en el ecosistema de la libertad de prensa, hay legislaciones malas, en especial las leyes de comunicación o de prensa o las que se entrometen con las políticas editoriales de los medios, ya sea mediante cuotas sobre tipos de medios, colegiación obligatoria de periodistas, desacato y criminalización de la difamación. Sin embargo, son muy positivas aquellas leyes referidas al mandato obligatorio a los gobiernos para que permitan el acceso a la información y sean transparentes en los asuntos públicos.
Así como existen leyes contra los abusos infantiles, la pornografía y otros delitos o leyes positivas a favor de los derechos de género y de las minorías, la desinformación intencional debe ser atacada como un delito que conspira contra la democracia, con agravantes cuando las campañas de desinformación buscan corroer los procesos electorales. Tampoco se debe sobre legislar, en especial contra aquellos delitos que ya están incluidos en los códigos penales y tienen que ver con la estigmatización, difamación, invasión de la privacidad, robo de datos personales o de identidad.
Hay tres elementos imprescindibles para una legislación inteligente y simple sobre la desinformación. El primero es que debe prohibir que los gobiernos y a los partidos políticos puedan desinformar y que se castigue a aquellas dependencias y funcionarios que crean y usan ejércitos de bots y trolles para crear campañas de difamación y mentiras contra medios, periodistas, críticos y opositores.
El segundo es que debe demandar a los gobiernos la transparencia sobre los procesos de información y publicidad pública apegados a la verdad, la prohibición de la propaganda ideológica y la transparencia de los gastos, incluyendo la manipulación partidaria de los medios públicos.
Y tercero, debe responsabilizar a las plataformas digitales y los desarrolladores de inteligencia artificial como editores de contenidos y no solo como distribuidores de estos, teniendo en cuenta otras responsabilidades en materia de transparencia en el manejo de algoritmos, publicidad y reconocimiento del derecho de propiedad intelectual.
