SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA, 13 DE NOVIEMBRE 2024.- La jueza Viamelka Ruiz Sepúlveda, de la Oficina de Atención Permanente de San Juan de la Maguana, acogió este miércoles la solicitud del Ministerio Público y dictó como medida de coerción la presentación periódica del pelotero Wander Samuel Franco Aybar, acusado de porte ilegal de arma de fuego.
Franco Aybar deberá presentarse ante la justicia el día 30 de cada mes. A la salida de la audiencia, el jugador de béisbol de Grandes Ligas evitó dar declaraciones a la prensa.
De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado fue arrestado en flagrante delito el domingo 10 de noviembre en el residencial Sara de los Ángeles, ubicado en la calle Doctor Cabral de la provincia San Juan de la Maguana.
Agregó que agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar tras ser alertado por una discusión que Franco protagonizó con otro ciudadano y el padre de este.
Durante la inspección del vehículo en el que se transportaba Franco Aybar, los agentes encontraron un arma de fuego con su cargador y 15 cápsulas, sin ningún tipo de documentación. El arma está registrada a nombre de Branly Fernando Lugo Rodríguez, quien, según el imputado, es su tío.
El órgano acusador calificó el hecho como uso y porte ilegal de arma de fuego, en violación de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El artículo 66 dice: «Delito de tenencia ilegal de armas, municiones, explosivos y sus accesorios. Cualquier persona que sea poseedora o tenedora de un arma de fuego de uso civil, municiones, explosivos y sus accesorios y otros materiales relacionados, sin tener la respectiva licencia, comete el delito de posesión ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios y los demás materiales relacionados, el que será sancionado con una pena principal de tres (3) a cinco (5) años de privación de libertad cuando se trate de armas de fuego de uso civil y de seis (6) meses a dos (2) años en los demás casos, así como el decomiso del arma y demás artefactos y al pago de una multa equivalente de veinticinco (25) a cincuenta (50) salarios mínimos del sector público»
Mientras, el artículo 67 expresa: «delito de portación y uso ilegal de armas de fuego de uso civil o partes de estas. En los casos de las personas físicas que sin tener la licencia respectiva, transporten consigo cualquier arma de fuego de uso civil o partes de ésta, municiones, explosivos y sus accesorios y los demás materiales relacionados, o porte cualquier arma de fuego de uso civil sin licencia, incurren en la comisión del delito de portación y uso ilegal de armas de fuego de uso civil o partes de éstas, municiones, explosivos y sus accesorios y los demás materiales relacionados, o porte cualquier arma de fuego, serán sancionadas con una pena principal de tres (3) a cinco (5) años de privación de libertad cuando se trate de armas de fuego de uso civil y de seis (6) meses a dos (2) años en los demás casos, así como el decomiso del arma o demás objetos incautados y el pago de una multa equivalente de veinticinco (25) a cincuenta (50) salarios mínimos del sector público»
Hubo conciliación luego de riña
El órgano investigativo precisó que, tras las evaluaciones correspondientes realizadas por la médica legista, se constató que los involucrados no presentaban lesiones físicas recientes. Además, se realizó un desistimiento mutuo, registrado en un acta notarial fechada el 11 de noviembre de 2024.
Wander enfrenta otro proceso judicial
Se recuerda que Franco Aybar enfrenta otro proceso judicial por abuso psicológico y sexual contra una adolescente de 16 años, cuyo juicio de fondo está programado para iniciar el próximo 12 de diciembre en el Tribunal Colegiado de la provincia Puerto Plata.
En este caso, el Ministerio Público sostiene que Franco mantuvo una relación con la menor con el consentimiento de la madre de la víctima, quien presuntamente también recibió dinero y un vehículo en compensación.
Además, la madre de la adolescente enfrenta acusaciones de trata de personas, explotación sexual y lavado de activos. Durante una audiencia celebrada el 24 de septiembre, el padre de la menor retiró una querella contra Franco, argumentando que las pruebas eran infundadas.
