SANTO DOMINGO, REP. DOM. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, calificó como un atropello nefasto al orden institucional el allanamiento y secuestro de documentos y bienes muebles que hizo el lunes pasado el Ministerio Público en la institución.
A través de un documento leído, en una rueda de prensa en la que estuvieron el miembro titular Félix Álvarez Rivera, y el secretario Carlos Noés Tejada, dijeron que el allanamiento carece de legitimidad y validez, por lo que delegaron en sus abogados “deducir en contra de los responsables de tales abusos las consecuencias judiciales procedentes de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico”.
Indicaron que la acción del MP no solo acreditó la vulneración al órgano auditor, sino que también se le ha privado de ejercer en lo adelante la atribución fundamental que materializa su capacidad de autogobierno en su integralidad, y que definen su posición en la estructura del Estado
“Muy a pesar de que el Ministerio Público se proveyó de una orden judicial, justo es señalar que la misma carecía de motivos fundamentales de la necesidad o razonabilidad del allanamiento, como exige nuestra legislación y la doctrina comparada”, dice el documento leído por el encargado de prensa.
Señalaron que la jueza de la instrucción especial que lo autorizó no consignó de forma verificable la probabilidad suficiente de los ilícitos penales atribuidos a los titulares de la Cámara de Cuentas a fin de justificar la medida, como tampoco su proporcionalidad con la entidad de los hechos investigados.
Dijeron que lo que emitió “fue una suerte de cheque en blanco” sin expresión precisa de los objetos que se esperaba encontrar, como si no fuese de rigor que toda orden de allanamiento, en virtud del art. 182.4 del Código Procesal Penal, tenga que circunscribirse a los elementos materiales que tengan vinculación con los ilícitos penales investigados.
“Todavía peor, la orden emitida no hizo constar como presupuesto de validez la eficacia procesal de la intromisión de que fue víctima la Cámara de Cuentas, no siendo ésta el objeto de las indagatorias encaminadas por el Ministerio Público, sino sus titulares”, subrayaron.
Agregaron que para fundamentar una acusación por obstrucción de justicia, delito por el que supuestamente el MP mantiene abierta una investigación contra los miembros de este órgano extrapoder, no se requería recabar documento alguno mediante un procedimiento de allanamiento, “toda vez que dicho ilícito se configura con la renuencia cerrada e injustificada de una autoridad pública a colaborar con el Ministerio Público”.
Afirmaron que todo eso afecta la legitimidad y validez del allanamiento; además de que todos los miembros del pleno y funcionarios han acudido a la Pepca cada vez que han sido citados, y han ofrecido todas las informaciones que le han sido requeridas.
“La sociedad ha sido testigo de la forma intempestiva con la que el órgano persecutor ha vertido en los medios de comunicación un rimero de imputaciones de conductas punibles que, sin duda, atentan contra la dignidad, favorabilidad y estado de inocencia de los miembros y servidores de la Cámara de Cuentas, así como también contra los principios de objetividad, oportunidad, probidad y responsabilidad a los que están sometidas las actuaciones del Ministerio Público conforme a los arts. 13 y siguientes de la Ley núm. 133-11”, indicaron.
Informaron que dadas todas esas circunstancias, autorizaron a sus abogados, encabezados por Eduardo Jorge Prats y Julio Cury, “a deducir en contra los responsables de tales abusos”, las consecuencias judiciales procedentes de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico.
Asimismo, alertaron a la sociedad, a los organismos internacionales y a las misiones diplomáticas acreditadas en el país, “sobre esta arbitraria e injusta intromisión de que ha sido objeto la Cámara de Cuentas, con la que se ha vaciado de contenido su autonomía funcional y, por tanto, suprimido las competencias esenciales que la Constitución y la ley que la norma les asignan”, puntualizaron.
