Publicado por: listindiario.com
La organización criminal que está siendo acusada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), bajo la Operación Cattleya, iniciaba sus operaciones en el exterior y culminaba beneficiándose en el país a raíz de la explotación sexual de decenas de mujeres.
Dentro del expediente que solicita medidas de coerción en contra de los imputados, el Ministerio Pública explicó como operaba esta organización criminal.
Todo inició, según el Ministerio Público, en el mes de diciembre de 2021, cuando comienza la recepción, trasporte y acogida de mujeres colombianas y venezolanas con estatus de “vulnerabilidad”.
Las mujeres, que según detalla el expediente, eran “pobres o con necesidades” eran abordadas por una persona del entramado criminal que les ofrecía mejores condiciones de vida en la República Dominicana, laborando como “camareras” en bares o restaurantes.
Tras tener el visto bueno de ellas, el entramado les costeaba la emisión del pasaporte, boleto aéreo, hospedaje y alimentos, pero una vez llegaban a República Dominicana les exigían saldar esa “deuda” que ascendía entre 3,000 a 4,000 dólares.
Al no tener como pagar, el entramado exigía a las mujeres mantener relaciones sexuales con clientes para así saldar la deuda contraída y, en caso de que se negaran, eran amenazadas con hacerle daño a sus familiares, deportarlas u otros ataques psicológicos.
No obstante, la “deuda” se mantenía permanentemente en aumento, alegando gastos de hospedaje y alimentación, siendo todo el dinero que cobraba el entramado destinado a “cubrir la deuda”.
“Precio” y clientes
Las víctimas del entramado eran ofrecidas a clientes a un precio por hora de entre RD$5,000 a 7,000 en la zona de Santo Domingo, y entre 100 a 150 dólares en Punta Cana.
En lo que respecta a los clientes, estos eran captados por la organización, a quienes les mostraban catálogos generados con imágenes de las mujeres que eran exhibidas.
Las víctimas se hospedaban y recibían a sus clientes en el Hotel Caribe, en Santo Domingo, o en el Residencial Coco Real, ubicado en Bávaro, Punta Cana. No obstante, también personal de la organización trasladaba a las víctimas a sus destinos.
Otro detalle que ofrece el expediente, es que las mujeres no tenían libertad de acción, ni “tiempo libre”. Se debían quedar en sus lugares de hospedaje y estar disponibles para un cliente las solicitará.
De igual manera, las mujeres víctimas eran obligadas a consumir sustancias controladas, cuyo costo también se sumaba a la “deuda”,
